“JUSTICIA CÍVICA Y EL MODELO HOMOLOGADO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA”

Nos encontramos en una sociedad plagada con todos tipos de violencia, que ha ido en aumento a nivel mundial. Es un tema que ha sido incluido en todos los discursos políticos mexicanos, sexenio tras sexenio, con diferentes planes y diferentes resultados, pero sin disminución en los índices estadísticos, pues de acuerdo al Índice de Paz Global 2020, México se encuentra en el lugar 137, es decir, en la categoría “baja” en cuanto a la percepción de la violencia, lo cual es totalmente lógico después de confrontar los datos estadísticos que nos proporciona la Incidencia Delictiva Nacional del fuero común de 2020 publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, donde tenemos registro que hasta el mes de junio existe una cantidad de 888,097 presuntas ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas.

La importancia del informe radica en que se basa en tres dominios: nivel de seguridad, conflicto nacional e internacional y su grado de militarización, dividiéndose en 5 categorías: very high, high, médium, low y very low. México se encuentra en el lugar 137 de 163, en la categoría “low”, debajo de Nicaragua y apenas por encima de Nigeria, y a pesar de que en informe de 2019 estuvimos en el lugar 140, no significa que hayan mejorado las condiciones, sino que otros países empeoraron.

La repercusión no sólo es social, sino económica, pues el impacto económico fue de 4.57 billones de pesos en 2019, lo cual es 21.3% del PIB, lo cual es 4.3 veces lo que se destina para la educación en México.

Ahora, si analizamos muy minuciosamente los estados que integran México, nos daremos cuenta que 23 estados tuvieron una caída mientras que solo 9 tuvieron un aumento. En fin, la relevancia de traer estos datos, no es atiborrarlos de estadísticas, sino mas bien, que dichos numero deben ser analizados junto con variables cualitativas, por ejemplo, la normalización de la violencia hace que cambie nuestro concepto de paz, por lo que cada vez que se encuentra a alguien, los números cambian, pues hay cosas que ya no consideramos violentas.

Además, dicho índice nos aporta una clasificación de 4 tipos de violencia: la violencia política, la violencia oportunista, conflicto de carteles y la violencia interpersonal, esta última caracterizada por existir una relación más estrecha entre quienes tienen el conflicto, pues deriva de un vinculo derivado de la interacción, este tipo de violencia puede ser solucionado por Justicia Cívica, lo cual nos evitaría la judicialización de los conflictos, generando soluciones más rápidas, viables y aceptables.

Por lo que, establecer un plan de seguridad nacional adecuado y especializado siempre ha sido el objetivo de las autoridades, sin embargo, poco se ha podido avanzar en el tema, por lo que fue necesario empezar a analizar otros factores, sobre todo los que permitan una prevención de la violencia, entre los que se encuentra la colaboración de todas las autoridades, no únicamente las que se encuentran entre sus funciones el tema de seguridad, sino incluso, quienes son los encargados de prevenir, procurar e impartir justicia, pues debemos recordar que formamos parte de un macrosistema, en donde la acción de algún agente, infiere en los demás. Por lo que el tema del análisis de la seguridad desde varias aristas no es sólo una opción, sino que es una obligación de las autoridades.

Dicho plan debe concentrarse en disminuir los índices de violencia con colaboración por parte de todas las instituciones en el ámbito de sus competencias, pues permitiría poner en acción dicho plan con mayor éxito, y a pesar, de que en la Ciudad de México ya contamos con las juntas de gabinete en donde cada mañana se reúnen representantes de algunas instituciones, entre ellas los juzgados cívicos, los cuales deben de cobrar mayor importancia en el ámbito legal. Por esa razón, Justicia Cívica nos podría resolver en la actualidad ciertos problemas de la sociedad, eliminando la cadena de violencia, pues es un conjunto de ordenamientos legales basados en los valores fundamentales de convivencia social, como son la corresponsabilidad entre personas y autoridades, fomentar el respeto a la normatividad en general, la prevalencia del dialogo entre las partes en conflicto, el sentido de pertenencia social bajo una visión sistémica, el respeto por la diferencia a través de la empatía. Dichos ordenamientos tienen la finalidad de resolver conflictos derivados por la convivencia cotidiana a través de procedimientos de sanción, pero sobre todo de conciliación, cuando se han quebrado las reglas mínimas de comportamiento cívico, esto con el único objetivo de prevenir que dichas conductas escalen a delitos a través de promoción de la cultura de la paz y la reconstrucción del tejido social. Por esa razón, todos deben prepararse en materia de Justicia Cívica, la justicia cívica no es exclusiva de una autoridad que impone la sanción por una falta administrativa, al contrario, al formar parte de un sistema conformado a su vez por otros subsistemas, todos deben contar con una formación en materia de Justicia Cívica, empezando por la población. El hecho de que las personas consideren que deben acatarse a un conjunto de normas basadas en el comportamiento social sobre cualquier situación, además de que, en caso de que se infrinja dicha norma, tendrá como resultado una consecuencia jurídica, no necesariamente una sanción, sino inclusive un convenio que permita la regeneración del tejido social. Además de que dicha formación también debe ser dirigida a las policías, sobre todo a quienes tienen el perfil de proximidad, es decir, elementos de policía que tienen el primer contacto directo con las personas en conflicto, los cuales deben de contar con herramientas que permitan la solución de problemas a través de las habilidades de escucha, comunicación y empatía, teniendo como resultado una mediación policial, pues acudir a las instancias debe ser la última opción a elegir.

El juez cívico, por supuesto, debe tener una formación adecuada en soluciones alternativas de solución de conflictos, pero sin perder de vista la imparcialidad, confidencialidad, bajo la que debe estar regido su actuar y la protección de los Derechos Humanos de las partes.

Y sobre todo, los abogados y abogadas, como lo he mencionado anteriormente, pues prepararse sobre el tema de Justicia Cívica le permite utilizarla como alternativa antes de la comisión de alguna conducta delictiva en contra de sus representados, permitiendo la resolución del conflicto de manera pronta, expedida, a bajo costo y de manera completa.

Por esa razón, que se crea el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica es un documento que tiene la finalidad de hacer notar las ventajas y áreas de oportunidad para el uso de la justicia Cívica en colaboración con otras instituciones, en especifico la policía a través de la implementación de una política pública efectiva y sistémica. Fue creada en la 44 sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Seguridad Publica y plasmada en el acuerdo 04/44/19 del 8 de julio de 2019. Lo importante de este Modelo es que se enfoca en 5 vertientes principales, la solución de conflictos por medios extrajudiciales, sanciones por faltas administrativas, delitos patrimoniales no violentos, trabajo a favor de la comunidad y terapias o tratamientos a los infractores.

Logrando con su implementación la solución de conflictos que disminuyen la calidad de vida de la población, la disminución de la carga de trabajo de autoridades de procuración e impartición de justicia. Además de buscar la homologación de la normatividad en materia de Justicia Cívica, tal como sucedió con la materia procesal penal a nivel local y federal, pues debemos recordar, que a pesar de que en la CDMX tenemos una de las leyes en materia de Justicia Cívica que más se adecua a dicho Modelo, en todas los municipios de las entidades federativas no sucede lo mismo, se tiene rezago en la mayoría de ellos, es necesario por esa razón, la homologación de la normatividad que permita la delimitación de funciones, requisitos básicos para desempeñar la actividad y ámbitos de aplicación, aunado a eso, la capacitación en materia de justicia cívica dirigida a todas las personas y autoridades, un campaña de difusión acerca de las ventajas de utilizarla, sobre todo versar sobre el tema que “es mejor un mal convenio que un buen pleito”, aumento en la inversión de recursos materiales y humanos al desempeño de esta actividad y sobre todo, la retroalimentación de las ventajas y desventajas de su uso, además de trabajar en esas áreas de oportunidad.

Karen Vargas Cruz.